En medio de la campaña electoral en Argentina, la Justicia ha frenado el avance de algunas causas importantes que involucran a destacados políticos del país. La Corte Suprema de Justicia ha estado paralizada durante meses, a la espera de que se aclaren las definiciones electorales. Alrededor de 150 casos de gran relevancia aún están pendientes de sentencia, incluyendo causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al expresidente Mauricio Macri y otros.
Entre los casos que la Corte debe resolver se encuentra el amparo presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la reducción de la coparticipación por parte del gobierno nacional en 2020. También se espera una decisión sobre el pedido del senador del PRO, Luis Juez, para que se le restituya su puesto en el Consejo de la Magistratura.
En años electorales es común que el sistema judicial disminuya su ritmo y espere las resoluciones en las urnas para determinar qué casos abordar en función del contexto político. Aunque la Corte Suprema ha intervenido en asuntos políticos en el pasado, como la suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán, lo cual terminó la indignación del oficialismo, que incluso responsabilizó al tribunal por su derrota.
Aún se aguarda que los miembros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, resuelvan la situación del precandidato a alcalde porteño por el PRO, Jorge Macri, quien ha sido impugnado por una diputada de izquierda.
Estas demoras por parte de la Corte han generado sospechas sobre la neutralidad que debería mantener el máximo tribunal. Aún quedan por tratar casos como Hotesur-Los Sauces, Memorándum con Irán, Cuadernos de la Corrupción y la Ruta del Dinero K, que involucran a Cristina Kirchner ya su círculo más cercano. La exmandataria ha impulsado un juicio político contra los miembros de la Corte en el Congreso en respuesta a esto.
La Cámara de Diputados ha mantenido en suspenso el anunciado juicio político contra la Corte, impulsado por el kirchnerismo a principios de año, tras la condena del líder del Senado a seis años de prisión por corrupción. Esto refuerza la teoría de un acuerdo entre los poderes del Estado para reducir las tensiones políticas en un año complicado para el oficialismo.
