El Gobierno de Javier Milei ha confirmado que vetará por completo la reforma jubilatoria recientemente aprobada por la Cámara de Senadores, poniendo fin a cualquier especulación sobre un posible veto parcial. Manuel Adorni, portavoz presidencial, declaró en una conferencia de prensa que «no hay ningún tipo de negociación» y que la decisión «está tomada», despejando así las dudas sobre la posibilidad de un acuerdo con la oposición para modificar la ley.
Adorni explicó que el presidente tiene un plazo de 10 días hábiles, equivalentes a unos 15 días corridos, para emitir el decreto de veto. Aunque no precisó la fecha exacta de la publicación oficial, aclaró que el proceso está en marcha y que la determinación de Milei es firme.
Según Adorni, la medida responde a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, el cual, según él, se vería gravemente afectado por la reforma aprobada. Destacó que la ley implicaría un gasto adicional del 1,2% del PBI, lo que obligaría al Estado a contraer deuda que recaería sobre las futuras generaciones.
Adorni también abordó otras preocupaciones económicas, señalando que la industria es el sector más rezagado en la recuperación económica, aunque empiezan a surgir señales positivas. Defendió la política monetaria del Gobierno, asegurando que el aumento de tarifas no tendrá un impacto significativo en la inflación a largo plazo, y subrayó la importancia de gestionar la oferta y demanda monetaria para mantener la estabilidad de precios.
La reforma jubilatoria, que proponía una actualización mensual de las jubilaciones basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una compensación extra del 8,1% para ajustar la diferencia entre la inflación y el aumento gubernamental, fue aprobada por el Senado con una mayoría de 61 votos sobre 72. Sin embargo, Milei criticó duramente la reforma, acusando a los legisladores de impulsar medidas que llevarían al país a una crisis económica. En respuesta, la oposición se moviliza para intentar obtener una mayoría que permita insistir en la ley, incluso en caso de un veto presidencial.
