La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) apostó por una herramienta diferente, busca evitar acciones deshonestas en los exámenes que se vienen.

“En los parciales empezamos a notar algunos casos de actitudes deshonestas de los estudiantes. Analizamos distintas experiencias en universidades europeas y acordamos avanzar en el diálogo con las empresas proveedoras de estos servicios, que son varias pero ninguna es local. Nos decantamos por la opción que nos permitía hacer un testeo gratuito, que al mismo tiempo era la más barata. La decisión surgió del diálogo entre todas las unidades académicas. Por eso nos llama la atención la repercusión que tuvo” dijo Finochietto, secretario de educación virtual de la Facultad de Ciencias Exactas.

El software llamado Respondus sería el que se pondría en acción para la evaluación de los alumnos, el cual inhibe la navegación por internet mientras se rinde el examen y por otro lado, que es lo que mas se cuestiona, es que el mismo utiliza el reconocimiento facial captando señales de »trampa».

La universidad compró la licencia por un año a un valor de 17.545 dólares, lo que a la cotización oficial da poco menos de 1.3 millones de pesos. Hasta el momento, solo las facultades de Ciencias Exactas y Económicas utilizarán el programa. Del otro lado, varias unidades académicas, agrupaciones de docentes y estudiantes expresaron su rechazo. Desde su mirada, implica una intromisión en la privacidad de los alumnos y profundiza las desigualdades entre quienes disponen de los recursos tecnológicos y quienes no.

“Los estudiantes en general no tienen ningún problema. La herramienta busca recrear el ambiente seguro de un examen, con las mismas condiciones que tiene un aula. Es decir, impedir que salgan del examen y evitar la comunicación con terceros. Con plataformas de videoconferencia nos dimos cuenta de que era mucho más invasivo. 50 estudiantes o más mostrando su intimidad a todos sus compañeros. Acá solo lo puede ver el docente”, indicó el profesor.

El software de la UNC es un componente extra de un debate que crece en educación, respecto a la incorporación o no de tecnologías invasivas. La pandemia aceleró los avances en la materia y obligó a repensar alternativas ante un hecho inédito: la imposibilidad de aulas abiertas. El análisis, de vuelta, se posará en términos de costos-beneficios: si esos riesgos de intromisión en la privacidad son menos significativos que las aparentes ventajas educativas que provocan.