Luego de que, días atrás, se encontrara a un niño de 12 años alcoholizado en la calle en Ballivián, en el norte salteño, el asesor de Menores e Incapaces de Embarcación, José Cortez, evaluó que, en esta región, la adicción aparece como consecuencia de múltiples vulneraciones de derechos. El magistrado tiene a su cargo el territorio que abarca Embarcación, Ballivián y Rivadavia Banda Norte, hasta el límite con Formosa.
En relación con el caso de este niño, de quien se había dicho en un principio que tenía 10 años, aclaró que tiene 12 y es de contextura pequeña. Según averiguaron, mayores de edad le dieron de tomar alcohol y era la primera vez que sucedía.
«Encontrar un niño en situación de consumo viene como consecuencia de muchos factores», observó Cortez y apuntó a la compleja realidad económica de muchas familias y la falta de escolarización, entre otras vulneraciones de derechos. Señaló que muchas veces también hay un padre con consumo problemático.
El funcionario consideró que «el consumo está extendido en la población». Indicó que se hacen tareas de prevención desde distintos organismos, pero que «la población es grande». «Si esto fuera en Salta capital, la solución podría ser distinta. Acá se ve que el consumo es por algo previo, una consecuencia de la falta de acceso a derechos», enfatizó e insistió: «No es solo adicción».
Contó que en la Asesoría han atendido muy pocos casos de niños de 10 años en situación de consumo y señaló que entre los preadolescentes, de 12 años y más, es más frecuente.
La Asesoría de Menores e Incapaces de Embarcación, al igual que el resto de las instituciones de este tipo, trabajan con casos particulares que se plantean en su oficina cuando los derechos de los niños ya se han visto vulnerados: lo que se busca es restablecerlos. «Nosotros no hacemos prevención. Eso le corresponde al Ejecutivo», remarcó el magistrado.
Comentó que, cuando llegan estos casos, se ocupan de ver cómo se encuentra el niño y, por ejemplo, tienen en cuenta si vive con los progenitores, lo que sucede en la mayoría de los casos.
El magistrado mencionó que el 30% de los casos que llegan a la Asesoría tienen que ver con consumo. Entre estos, hay algunos de los que toman conocimiento por comisión de delitos y, cuando entran en contacto con los niños, se dan cuenta de que también se vinculan con el alcohol o las drogas.
Según mencionó, la mayoría de los casos que reciben son de consumos no problemáticos, relacionados, por ejemplo, con una ingesta de alcohol esporádica. La definición sobre si hay adicción o no corre por cuenta de un equipo interdisciplinario de salud.
Cuando se trata de consumos problemáticos, el niño ya se encuentra en situación de calle, vuelve poco a la casa y, cuando lo hace, es para llevarse cosas y vender para seguir consumiendo según describen quienes trabajan en el tema. Cortez aclaró que estos casos son los menos.
Cuando intervienen desde la Asesoría, buscan llevar asistencia para el niño y su entorno familiar. Tratan de que se apliquen medidas urgentes que requieren a instituciones como la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia y la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, entre otras, para resguardarlos de una manera integral.
Si son niños de comunidades aborígenes, lo que sucede en el 70% de los casos, dan intervención también a la Secretaria de Asuntos Indígenas. Asimismo, solicitan la ayuda social que corresponde, como asignaciones universales o pensiones, de las que muchas veces carecen por falta de documentación.
Por las facultades que tiene la Asesoría, solicitan la actuación de estos organismos que, normalmente, responden. Si no lo hacen, deben judicializar el caso.
Con respecto a la escolarización del niño, se trabaja para fortalecer el rol familiar y hacer que vuelva a clases aunque hayan pasado varios meses sin que asista. Para ello, hablan también con los docentes. «La educación es uno de los medios que tiene el niño para salir de esa situación», manifestó Cortez. «En el aula es donde el chico puede mostrar más confianza o demostrar algo que le pasa», agregó.
El asesor contó que, si un niño no va a estudiar, se enteran por el director, pero señaló que, en general, esto se detecta cuando lo encuentran, por ejemplo, alcoholizado: «Casi cuando hay delito».
Manifestó que es «bastante común» que se normalice el hecho de que un chico tenga faltas y observó que en esto podrían actuar más desde el Ministerio de Educación. Sin embargo, dijo que no cree que haya «desinterés» por parte de los maestros o directores al no avisar que un chico no asiste a clases y analizó: «Cuando suceden estas cosas, nos enteramos de muchas vulneraciones».
Cortez comentó que, si la familia del niño no se hace cargo y no hay ningún pariente que pueda cuidarlo, la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia dicta medidas de protección excepcional y, como última instancia, dispone que lo alojen en dispositivos u hogares del Estado hasta que se determine cómo continuar. El caso luego continúa con el proceso judicial.
«Ante vulneraciones de derechos, buscamos restablecerlos por todos los medios, sean extrajudiciales o judiciales, y controlamos que siga así», pronunció Eduardo Cortez.
Perspectiva intercultural
El funcionario resaltó que desde la Asesoría de Menores e Incapaces, que integra el Ministerio Público Pupilar, «siempre» respetan la interculturalidad. Recordó que desde hace tres meses Maximiliano Sánchez es asesor del organismo en Tartagal y actúa como intermediario entre la institución y las comunidades aborígenes. Este joven fue finalista del «Global Student Prize 2021», un premio que otorgan la fundación Varkey y la Unesco entre 94 países.
El magistrado consideró que es «fundamental» trabajar con perspectiva intercultural porque están en una zona «donde la población de comunidades aborígenes es grande». «La gente ya nos conoce, nos tiene como referencia. Tenemos en cuenta todos los aspectos, sobre todo, en el caso de separar a los niños de la comunidad», apuntó.
Reabrieron en Morillo un centro sociosanitario
En julio último volvió a tener sede el centro sociosanitario de Morillo, una institución creada en noviembre de 2018, a partir del pedido de la Asesoría de Menores e Incapaces que está a cargo de José Cortez, que comenzó a funcionar en julio de aquel año.
El centro se inauguró en aquel momento «a raíz de diversas situaciones que se presentaron con respecto a niños y adolescentes que estaban con problemas de adicciones por inhalación de combustibles», según comentó el magistrado a medios locales. Hasta antes de la pandemia funcionaba en otro lugar.
José Cortez comentó que luego del cambio de Gobierno, a fines de 2019, el centro tenía cada vez menos funciones y con la pandemia se cerró.
En noviembre del año pasado, desde la Asesoría requirieron que se ponga nuevamente en funcionamiento y volvió a abrirse en marzo de 2022, aunque sin lugar físico. Desde julio último tiene un espacio propio.
Abordaje en equipo
Este centro atiende a la localidad de Morillo y a otras comunidades cercanas. El equipo está compuesto por un trabajador social, un psicólogo y ocho operadores. Además, si es necesario coordinan con los psicólogos del hospital.
El centro sociosanitario trabaja en el lugar de residencia de quienes están en situación de consumo. Algunos días permanecen en la sede y otros van a los domicilios de los asistidos, donde realizan la terapia.
«Se trata de evitar el desarraigo y que el niño continúe en la comunidad», pronunció Cortez, quien aseguró que están en contacto con los profesionales del centro, la Policía comunitaria, el hospital de Morillo y la Municipalidad.
En este espacio se realizan diferentes actividades. Aparte de brindar asistencia a personas en situación de consumo, hacen tareas de prevención.
El magistrado comentó que otro obstáculo que tienen es que en Morillo hay un solo horario en el que pasa el colectivo. Para hacer los tratamientos de los chicos, tienen que solicitar traslado a la Policía o a la Municipalidad.
Discriminación
En relación con la atención en salud mental, contó que hace unos meses solicitaron el traslado de un paciente que estaba en crisis. En Embarcación hay una sola ambulancia y les decían que esta se usa solo para emergencias.
«Hay una discriminación», comentó, y dijo que desde Salud Pública se comprometieron a capacitar al personal. Contó que ahora tienen un protocolo de actuación y que «la urgencia de salud mental es considerada una urgencia como cualquier otra».
Comentó que en Morillo no había protocolo de desintoxicación y que esto también se empezó a aplicar: «Lo logramos a requerimiento nuestro, con reuniones que mantuvimos hace dos meses con el Ministerio de Salud Pública».
«Vamos a controlar en cada caso el funcionamiento del centro. Tenemos contacto directo con los operadores para que siga habiendo asistencia para los niños. Vamos a requerir las medidas que corresponden», aseguró.
El artículo 14 de la Ley nacional 26.061 establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales y de la comunidad a la que pertenecen.
f:El Tribuno
