La investigación sobre el presunto fraude al Estado mediante contratos sobrevaluados en el ámbito de los seguros contratados por organismos gubernamentales durante la gestión de Alberto Fernández continúa avanzando.
El juez federal Julián Ercolini, a cargo del caso, ha solicitado el análisis de las comunicaciones entre todos los imputados, incluyendo al ex presidente, su secretaria histórica María Canteros, su amigo personal Héctor Martínez Sosa, y los cónyuges de altos funcionarios cercanos a Alberto, así como los ex funcionarios de Nación Seguros S.A., Mauro Tanos y Federico Eufemio.
Además, en la solicitud del magistrado que investiga un presunto desfalco al erario público por más de 200 mil millones de pesos, se incluyen empresarios y titulares de firmas aseguradoras como Pablo Torres García y Diego Savio, entre otros.
El juzgado ha enviado un mensaje urgente a las compañías telefónicas del país, requiriendo información detallada sobre los abonados telefónicos mencionados en el expediente judicial. El objetivo es obtener registros históricos de titulares, estado actual de las líneas, fechas de activación y/o cierre, domicilios de facturación, medios de pago y cualquier otra pista relevante que pueda ayudar a determinar si hubo una asociación ilícita que perjudicó los fondos estatales.
El juez Ercolini también ha pedido especificaciones sobre si las líneas telefónicas registran denuncias de robo, hurto o extravío, así como información sobre abonados telefónicos asociados y correos electrónicos vinculados, con el fin de esclarecer los hechos investigados en la causa.
