La diputada provincial Cristina Fiore negó que la Ley aprobada por la Legislatura para regular la protesta social en Salta sea restrictiva de las libertades. Según explicó, la norma tiene como objetivo regular y conciliar derechos, como el de manifestación, libertad de expresión y tránsito.
La ley establece que se debe notificar a las autoridades el lugar y el motivo de la manifestación, para permitir la presencia de las autoridades competentes en el objeto del reclamo y abrir una instancia de mediación. Esto busca evitar la aplicación directa del código penal, que considera como delito el entorpecimiento del transporte o los servicios públicos.
La diputada enfatizó que la ley no busca silenciar la disidencia ni dificultar el ejercicio de los derechos de expresión o manifestación de las personas. Su intención es garantizar que estos derechos se ejerzan de manera que no restrinjan otros derechos. Considera que esta idea es un paso en la dirección correcta para garantizar de manera respetuosa los derechos de los ciudadanos.
Fiore mencionó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido desde 2002 que el derecho a la protesta puede ser regulado en términos de tiempo, lugar y forma, en aras de un mejor uso del espacio público. El aviso previo sobre la realización de una protesta se encuadra dentro de las disposiciones de la Comisión Americana de Derechos Humanos.
La diputada concluyó afirmando que está convencida de la necesidad de buscar un mecanismo que permita el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos sin anular los derechos de otros. Considera que este proyecto es una idea que busca promover una vida más tolerante y pacífica para los habitantes de Salta.
