Lo decidió el Presidente tras las protestas en favor de Vicentin. No insistirán con los interventores. Esperan una decisión del juez del concurso.
Cerca del gobernador Perotti dicen que desde que estalló la crisis de Vicentin no entienden de rutinas. Cientos de productores, acopiadores y proveedores, sin disimular su cansancio y agobiados por una deuda de US$ 500 millones, estuvieron golpeando la puerta de la Casa Gris, como se llama en Santa Fe a la casa de gobierno. Es lo que empujó a Perotti a llevarle el caso a Alberto Fernández.
El resto es una historia conocida de final incierto. Lo que se sabe es que tras las marchas en contra de la expropiación, el Presidente llamó al gobernador y le dijo: “Vos me trajiste el problema, ahora te encargás de la solución”.
Y en eso está el santafecino que asegura tener como vocación en este entuerto que la compañía continúe trabajando, que no se detenga.
Por lo pronto, la Rosada decidió bajar la presión al tema, archivar el proyecto de expropiación y abandonar la idea de la empresa testigo.
Mientras, germina otra iniciativa, una ley de Protección Agrícola-Comercial. Consistiría en establecer pautas en la comercialización de granos que en un año conoció otros concursos resonantes como la del corredor BLD.
Con la convicción que a la Pampa Húmeda ya no se le puede pedir más, trazan un paralelismo con la actividad bancaria. Cuando los productores entregan la mercadería con precio a fijar es como si depositaran los granos en una caja de ahorro. Así se comercializa el 40% de la cosecha. Vicentin no pudo responder ante los reclamos de pago de la mercadería.
En la Rosada recuerdan al Cavallo de los 90, cuando tras la caída de las entidades bancarias en los 80, decidió aplicar las cláusulas de Basilea. El objetivo era regular y garantizar solidez del sistema financiero.
En cuanto al plan Perotti, consiste en un trío de interventores, los dos designados por la Casa Rosada y otro por la Provincia, respetando las decisiones judiciales y los tiempos del concurso que está en marcha en Reconquista y que el juez acaba de estirar hasta fines de agosto.
El plan considera la propiedad de la familia y espera que de un paso al costado en el gerenciamiento.
La situación de Vicentin es muy delicada. Se calcula que sus deudas ascienden a US$ 1.400 millones y que los activos del grupo valen la mitad. Dentro de los acreedores, los productores son los que están en peor situación ya que por la modalidad de funcionamiento entregaban la mercadería a sola firma, con los conocidas garantías quirografarias, las más débiles.
Distinta es la situación de una parte de la línea del crédito del Banco Nación que tiene acciones y prendas como garantía. Y varios de los bancos acreedores del exterior fijaron como condición para los préstamos garantías depositadas en Nueva York.
Los designados interventores por la Casa Rosada, que quedaron sin funciones, retomarían sus responsabilidades anteriores.
Es el caso de Gabriel Delgado, de 45 años economista de profesión y un experto que es referente para casi todos los colores políticos, que volvería a trabajar para hacer de YPF agro una compañía de mayor peso.
Delgado, fanático del riego y con campo de 228 hectáreas en su natal Coronel Suárez en el que se dedica a la multiplicación de semillas, fue nombrado interventor por el Presidente cuando recién estaba operado de una hernia inguinal.
En ese acto improvisado y que significó un alto costo político, dijo premonitoriamente: “Nosotros, los que trabajamos en el sector agropecuario, entendemos y apoyamos mucho el proyecto de Vaca Muerta y creo que, ahora también, a YPF le toca tener la Vaca Viva. El petróleo es energía y la producción agrícola o bioindustrial, también es energía, porque sirve para mover otras cosas”.
En el Gobierno están convencidos de generar dólares genuinos con exportaciones y observan en la bioindustria, en la que engloban al campo, en la energía y minería y en la industria del conocimiento; tres motores.
Intentan evitar que el país, por falta de dólares, siga siendo el segundo con más recesiones de la historia. El primero es el Congo.
Parte de ese proyecto es lo que elaboró Massa junto a 40 entidades agroindustriales con la ilusión de llevar las exportaciones de agroalimentos de los actuales US$ 38.000 millones a US$ 100.000 millones en 2030.
Se trazó un programa de fomento con estabilidad fiscal a la actividad por 15 años. Y en cuanto a las retenciones, contemplan una disminución al compás del incremento de los volúmenes embarcados. ¿Se hará realidad?
Fuente: Clarín por Silvia Naishtat.
