El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social que una de sus primeras medidas como mandatario será declarar el estado de emergencia nacional. Esto le permitiría implementar una deportación masiva de los más de 11 millones de inmigrantes en situación irregular que viven en el país, utilizando incluso al ejército para llevar a cabo esta acción.
El anuncio, confirmado por Trump en respuesta a un posteo del activista conservador Tom Fitton, refleja su postura anti-inmigración que ha sido central en su discurso. Trump califica a los inmigrantes sin papeles como una amenaza para Estados Unidos, utilizando retóricas polarizantes y calificativos despectivos.
Para ejecutar esta política, recurriría inicialmente a la Guardia Nacional, aunque no descarta utilizar fuerzas militares si es necesario. Además, ha seleccionado figuras ultraconservadoras para liderar su gabinete en temas de seguridad, como Tom Hofman, conocido por políticas severas durante su primera gestión, incluidas las separaciones familiares en la frontera.
La medida ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos por los posibles excesos y violaciones que podrían surgir bajo un estado de excepción. Asimismo, economistas han advertido sobre los impactos negativos que una deportación masiva tendría en la economía, especialmente en sectores que dependen de la mano de obra migrante.
Trump prepara así el terreno para un enfoque más agresivo y controvertido en la política migratoria estadounidense, marcando una línea divisoria con su predecesor y desatando un debate nacional e internacional.
