Desde enero, los tickets y facturas de grandes comercios comenzaron a incluir un desglose detallado de los impuestos nacionales en los precios de los productos, como parte del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta medida permite a los compradores identificar claramente el impacto del IVA y otros tributos en sus compras.

Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, destacó el éxito inicial de la normativa, indicando que la mayoría de las grandes cadenas y estaciones de servicio ya cumplen con el requisito de detallar impuestos como el IVA y tributos indirectos. Sin embargo, algunos comercios aún están ajustando sus sistemas para adaptarse completamente a la reglamentación.

Por ejemplo, en una compra de $10.000 en una estación de servicio Deheza, el ticket desglosa $1271,60 del impuesto a los combustibles líquidos, $77,89 del impuesto al dióxido de carbono y $1501,32 del IVA, sumando un total de $2850,81 en impuestos nacionales, equivalente al 28,5% del precio. Situaciones similares se observan en supermercados, como en Día, donde una gaseosa sin azúcar de 1,75 litros cuesta $3100, de los cuales $538 corresponden al IVA y $222,64 a impuestos internos importados. Esto representa un total de $760,64 en cargas fiscales, un 24,5% del precio final. Este patrón se repite en otras cadenas como Carrefour, Jumbo y Chango Más, dejando en evidencia el impacto de los impuestos en el costo de los productos.

Actualmente, la normativa abarca únicamente los impuestos nacionales, pero el Gobierno ha invitado a provincias y municipios a sumarse para incluir tributos locales, como ingresos brutos y tasas municipales, en el desglose. Según Olivero Vila, «la transparencia fiscal debería abarcar todos los tributos que afectan los precios para garantizar información completa y veraz a los consumidores».

En el pasado, situaciones como el aumento de tasas municipales en Lanús, que llevó a supermercados a advertir sobre incrementos de precios tras la duplicación de la tasa de seguridad e higiene, han impulsado el debate sobre la necesidad de incluir estos impuestos locales en la normativa. Esto permitiría mayor equidad y transparencia en los precios de los productos.

Por otro lado, pequeños comercios y profesionales tienen hasta el 1° de abril para adaptarse al régimen, que será obligatorio para todos a partir de esa fecha. Mientras tanto, el Gobierno y cámaras empresariales continúan trabajando en la implementación de esta medida, cuyo objetivo es no solo informar mejor al consumidor, sino también identificar desbalances fiscales entre distintas jurisdicciones.