En una nueva reunión entre el Gobierno provincial y los gremios de la administración pública, los sindicatos rechazaron de manera unánime la propuesta de incremento salarial del 4%—un 2% en febrero y otro 2% en junio—por considerarla insuficiente. Además, cuestionaron la metodología propuesta por el Ejecutivo, que plantea distribuir una partida presupuestaria de 100 mil millones de pesos entre los distintos sectores.
Victoria Cervera, secretaria general de SiTEPSa, expresó que esta modalidad de negociación es inédita y busca deslindar la responsabilidad del Gobierno en la distribución de los recursos. Según explicó, los sindicatos no cuentan con la información necesaria sobre cantidad de agentes y categorías para una asignación equitativa.
Desde los gremios insisten en que cualquier actualización salarial debe contemplar los índices inflacionarios y, además, exigen una recomposición por la pérdida del 40% del poder adquisitivo sufrida en 2023. En este sentido, consideran que el esquema de aumento propuesto es inviable y esperan una nueva oferta en la próxima reunión, prevista para el martes en Grand Bourg.
Mientras tanto, el Gobierno anunció el cronograma de pagos: el viernes 31 de enero se abonará la Compensación Transitoria Docente (CTD) y los haberes para salud y seguridad, mientras que el sábado 1 de febrero se pagará al sector educativo y la administración pública en general.
Uno de los puntos destacados del encuentro fue la confirmación de que el incentivo docente seguirá vigente y se ajustará según los aumentos salariales acordados. “Si se acuerda un 2% para febrero, el incentivo se actualizará en el mismo porcentaje, lo que representaría un incremento de 500 pesos”, explicó Cervera.
Por su parte, el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) en Salta, Daniel Amidei, destacó que el Gobierno se comprometió no solo a mantener el pago del incentivo docente, sino también a incorporarlo al sueldo, dejando de ser un beneficio transitorio.
Además, los gremios reclamaron el pase a planta transitoria de aproximadamente 1.500 trabajadores de la salud que fueron contratados durante la pandemia de COVID-19. También solicitaron que la oferta salarial esté en línea con la inflación y pidieron al Gobierno que haga un esfuerzo para mejorarla.
“El rechazo a la propuesta fue unánime. Es una buena noticia que el Gobierno haya decidido continuar con el pago del incentivo docente y sumarlo al sueldo, ya que la Nación había retirado ese aporte, lo que significó una pérdida para los docentes”, concluyó Amidei.
