Tras informes recientes que sugerían falta de priorización del empleo local y otras irregularidades en la actividad minera en la provincia, el presidente de REMSA, Alberto Castillo, desmintió estas afirmaciones y aseguró la existencia de seguridad jurídica y transparencia en el sector.
Castillo explicó que Salta tiene un sistema de proveedores que protege la contratación de empresas y trabajadores locales, visible en los controles realizados por la Secretaría de Minería. Además, destacó que las licitaciones son privadas y no son intervenidas por el gobierno provincial, lo que ha generado descontento en algunos actores mineros que perdieron contratos recientes.
El presidente afirmó que el gobernador Gustavo Sáenz busca que el sector minero opere con transparencia, mediante licitaciones privadas abiertas a todos los proveedores registrados, con mínima intervención estatal.
Castillo refutó las acusaciones de existencia de empresas fantasma o incumplimiento normativo, atribuyendo estas afirmaciones a empresas desfavorecidas en licitaciones recientes, en un contexto donde Salta busca ser competitiva en los mercados regionales e internacionales, priorizando propuestas de calidad y precios competitivos que cumplan con las normativas locales.
