En los últimos tiempos, se han encendido las alarmas por el secuestro de rieles ferroviarios en diferentes rutas del norte de Salta. Sin embargo, cientos de toneladas continuaron filtrándose hacia Bolivia mediante una falsa resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El material ferroviario fue trasladado utilizando documentos con membretes, folios y sellos del organismo nacional, lo que le daba una apariencia de legalidad. Se mencionaba una supuesta donación a la comunidad originaria de Padre Lozano (Embarcación), pero una simple verificación periodística realizada reveló que esos documentos eran fraudulentos y no pasaban un análisis básico en los controles policiales y de Gendarmería.
La falsa documentación incluía una carta con el nombre y sello de la presidenta de la Comunidad Aborigen de Misión Salim, Adelina Montes. En ella, Montes aparentemente solicitaba al entonces responsable de la AABE, Eduardo Alfonso Albanese, «la entrega o donación de los vagones y rieles en desuso ubicados en la zona de Padre Lozano hasta Morillo». Según la carta, los materiales serían utilizados para construir aulas, oficinas, consultorios y un polideportivo, con el fin de alejar a los jóvenes del consumo de drogas.
Sin embargo, el primer indicio de falsedad apareció en la fecha de inicio del trámite: el 27 de junio de 2024. Albanese había dejado su cargo a fines de 2023, pero su firma y sello figuraban en el documento. La situación se tornó aún más sospechosa cuando se examinó la fecha de la resolución que aprobaba la supuesta donación: 24 de mayo de 2024, una fecha anterior al ingreso del pedido y también firmada por Albanese. Además, el convenio de donación, fechado el 5 de junio de 2024, incluía las firmas de Albanese y de Andrea Reggiani, una exfuncionaria del extinto Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
A pesar de las irregularidades, el tramo de 105 kilómetros del ramal C25 comenzó a ser desmantelado entre Padre Lozano y Morillo. El saqueo abarcó 210 kilómetros lineales de rieles, con un peso total de aproximadamente 10.500 toneladas, vendidas en Bolivia a 250 dólares por tonelada. Solo con los rieles, el contrabando alcanzaba un valor de $3.500 millones, y al sumar el material rodante y otras piezas ferroviarias vendidas como chatarra, el botín ascendía a $5.000 millones.
