Mientras en el Congreso Nacional fracasaba nuevamente el debate sobre la Ley de Ficha Limpia, en Salta se consolidó su aplicación. La Corte de Justicia de la provincia rechazó un recurso de inconstitucionalidad que cuestionaba la norma, reafirmando que quienes tengan condenas judiciales en segunda instancia por delitos como corrupción, narcotráfico, lavado de dinero o crímenes contra la integridad sexual no podrán postularse a cargos públicos pro.
La presidenta de la Corte, Teresa Ovejero, defendió la medida en una entrevista, destacando que no se trata de una sanción, sino de un requisito ético y moral para garantizar la idoneidad de los candidatos. «Nuestra sociedad merece representantes a la altura de las circunstancias, con la idoneidad necesaria para enfrentar los desafíos actuales», sostuvo.
La Corte justificó que la restricción al derecho de ser elegido está respaldada por un interés público superior y recalcó que una doble condena es suficiente para cuestionar la idoneidad de un postulante. Además, se confirma que el Tribunal Electoral será responsable de verificar que todos los candidatos cumplan con los requisitos y presenten su declaración jurada.
«Es fundamental que quienes aspiran a representar al pueblo demuestren una conducta intachable, especialmente en estos tiempos difíciles», concluyó Ovejero.
