La tensión entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga ha aumentado debido a los fuertes incrementos que se han registrado en los últimos meses, luego de la desregulación económica propuesta en el DNU de Javier Milei en diciembre pasado. Ahora, el Ministerio de Economía ha iniciado una investigación por cartelización contra las principales firmas del sector.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), bajo la dirección de Luis Caputo, está investigando si hubo un acuerdo ilegal entre las compañías para fijar precios en sus planes de salud.
Esta medida fue tomada después de que el ministro de Economía criticara los significativos aumentos llevados a cabo por las empresas de servicios médicos, a las que acusó de haber «declarado la guerra a la clase media».
Desde que entró en vigencia el decreto presidencial que liberaliza la economía, las prepagas han experimentado un aumento promedio del 160%. En un contexto de crisis y recesión, estos incrementos en los costos de la cobertura sanitaria se han vuelto inasequibles para muchos argentinos, quienes han optado por cancelar sus servicios o cambiarse a planes más accesibles.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, por la mañana del martes, señaló a las empresas de medicina privada en una conferencia de prensa, afirmando que el Gobierno busca evitar cualquier forma de cartelización que perjudique a los argentinos. Estas declaraciones se alinean con las críticas del ministro de Economía, quien ha condenado las prácticas abusivas de las prepagas.
El oficialismo ha comenzado a tomar medidas concretas contra el sector, que ya había sido denunciado en enero por legisladores de la Coalición Cívica (C.C) por «conducta anticompetitiva». Según Hernán Reyes, uno de los legisladores, el Gobierno ha actuado debido a la falta de respuesta de las empresas a estas denuncias.
