El Congreso de la Nación enfrenta un nuevo conflicto debido al inminente vencimiento de la resolución que congeló las dietas de los senadores. Si no se extiende esta medida, a partir del 1 de enero los sueldos podrían incrementarse hasta alcanzar los $9,5 millones en bruto, lo que genera preocupación por el impacto social y político que esto podría provocar.
El aumento responde a la aplicación de la ley de enganche, sancionada durante la gestión de Cristina Kirchner y formalizada en abril de este año, la cual vincula los salarios de los empleados legislativos con las dietas de los senadores. Esto ha derivado en ajustes automáticos basados en paritarias, aunque el congelamiento actual evitó que los últimos aumentos del personal legislativo se reflejaran en los sueldos de los senadores.
La vicepresidente Victoria Villarruel expresó públicamente la necesidad de extender el congelamiento, instando a los legisladores a tomar una decisión acorde a la situación del país. Sin embargo, en el Senado no hay consenso sobre la prórroga de la medida, y se evalúan alternativas como aplicar un incremento menor que no supere la inflación acumulada.
Desde abril, los sueldos de los senadores ya han sido objeto de críticas, especialmente tras un aumento del 400% que llevó las dietas a $7,8 millones en bruto. Aunque ese monto quedó congelado por presión social, el próximo ajuste podría superar los $9,5 millones, generando tensiones internas y críticas externas.
En contraste, los diputados no están alcanzados por la ley de enganche, lo que ha generado una brecha salarial significativa entre ambas cámaras. Mientras las dietas de los senadores podrían alcanzar cifras récord, las de los diputados rondan los $3,5 millones en bruto, más $625 mil por desarraigo.
Sin señales claras de una solución antes de fin de año, la posibilidad de un aumento salarial para los senadores alimenta el descontento social y eleva las tensiones en el Senado, que recientemente también enfrentó críticas tras la expulsión del peronista Edgardo Kueider.
