La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó provisionalmente a Luis Emilio Fayón Medina por presunto fraude a la administración pública. Su esposa y cuñada, relacionadas con la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, también fueron imputadas como partícipes necesarias del mismo delito. Las tres personas se presentaron en la audiencia de imputación acompañadas por un abogado particular, optaron por abstenerse de declarar y no respondieron a las preguntas de la Fiscalía.
La intervención de la UDEC fue resultado de una denuncia presentada el 24 de mayo pasado por el Procurador General de la Municipalidad de Salta, quien reportó serias irregularidades en la administración de la Sociedad del Estado Municipal «Pan Solidario». La auditoría realizada, centrada en el periodo de julio a diciembre de 2023, reveló indicios de sobreprecios, compras direccionadas y un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social, lo que podría haber generado un perjuicio económico de aproximadamente $100 millones al erario municipal.
La investigación sugiere que la Panadería Social habría favorecido sin justificación a ciertos comercios, especialmente a los negocios de la esposa y cuñada de Fayón Medina, quienes habrían facturado a la Panadería Social más de $50 millones por la venta de fiambres y embutidos. El informe de los investigadores destacó lo inusual de que un ente como la Panadería Social adquiriera insumos en pequeños comercios sin historial en el rubro, sin una relación de provisión previa, y sin un procedimiento de selección que garantizara eficiencia y transparencia en el gasto.
Además, la investigación reveló la posible existencia de sobreprecios en la compra de insumos. Por ejemplo, se detectó que en varias facturas, la margarina adquirida fue facturada a un precio hasta diez veces mayor que el de mercado. Un proveedor, por ejemplo, cobró $161.150 por «Margarina Premium por 10 kg.», cuando su precio real rondaba los $16.560, lo que representó un daño patrimonial superior a $3.300.000 solo en este rubro.
También se identificaron inconsistencias en el uso de la materia prima adquirida por la Panadería Social, donde las cantidades compradas superaban significativamente las necesarias para la producción registrada, sugiriendo un grave faltante de stock sin explicación aparente. Según la auditoría, estas irregularidades podrían haber causado un daño económico de alrededor de $100 millones.
