En el marco del prolongado conflicto legal entre el Arzobispado de Salta y el Convento San Bernardo, el Juzgado de Garantías 5 ordenó a la vidente María Livia y su esposo que cesen cualquier acto de violencia contra las monjas desertoras. Este enfrentamiento, que ha dividido a los devotos católicos desde 2021, se ha intensificado con denuncias de manipulaciones y amenazas dentro del monasterio.
Según la denuncia, María Livia coaccionó a las religiosas para elegir una nueva madre priora, lo que derivó en maltratos y aislamiento de las monjas que no se alineaban con sus directrices. Además, se revelaron problemas económicos y la firma de documentos cuestionables por parte de las monjas, lo que complicó aún más la situación y provocó la intervención judicial.
Este conflicto alcanzó su punto máximo cuando una de las monjas, enferma de cáncer, denunció la privación ilegítima de su libertad, desencadenando un allanamiento en 2023. Las autoridades judiciales continúan investigando las acusaciones de violencia y manipulaciones, mientras la Iglesia se mantiene al margen, sin reconocer oficialmente la devoción a la vidente María Livia.
