El Gobierno Nacional ha establecido un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con el objetivo de regularizar las deudas acumuladas entre las provincias y la Nación. Este anuncio llega en un momento crítico, en medio de las negociaciones por el presupuesto 2025 y después de reuniones con varios gobernadores que expresaron inquietudes sobre las asignaciones para el año próximo y exigieron la cobertura de pasivos por obras públicas y déficit en cajas jubilatorias, que en algunos casos superan el billón de pesos.
Según lo especificado en el decreto 969/2024, las provincias tendrán un plazo de 30 días para adherir al régimen y otras 60 días para presentar la documentación necesaria. La iniciativa busca facilitar compensaciones y acuerdos que permitan la cancelación de deudas y créditos entre las partes involucradas. Si tras la conciliación resultan saldos favorables a la Nación, las provincias podrán abonar los montos a través de la coparticipación.
El origen de estas deudas es variado. La consultora Politikon Chaco detalla que las obligaciones financieras de las provincias con la Nación provienen principalmente del Tesoro nacional, del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Este último se dedica a financiar obras destinadas a promover el desarrollo regional y la creación de empleo.
En términos de cifras, la deuda total de las provincias asciende a $497.051 millones. Sin embargo, la disparidad es notable: la Ciudad de Buenos Aires no posee deudas con la Nación, mientras que Chubut encabeza la lista con una deuda de $119.151 millones, principalmente vinculada al fondo de desarrollo provincial. Le siguen Chaco con $87.344 millones y Salta con $66.443 millones. Por otro lado, algunas provincias como San Luis y Santa Fe tienen deudas mucho menores, de $270 millones y $237 millones respectivamente.
El director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, señaló que aún existen muchas incógnitas sobre cómo se manejarán las deudas provinciales con organismos internacionales respaldados por la garantía nacional. También mencionó la incertidumbre respecto a deudas con el Club de París y la contabilización de créditos estatales a empresas públicas provinciales, que a veces no se incluyen en los pasivos oficiales. Finalmente, destacó que las cifras actuales representan solo un piso y podrían ser significativamente mayores.
