Tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de suprimir la jubilación de privilegio y la pensión que Cristina Kirchner recibía como expresidenta y viuda de Néstor Kirchner, en el marco de su condena por corrupción en la causa Vialidad, surgió una nueva denuncia vinculada a sus haberes provisionales.
La Fundación Apolo, representada por el abogado Yamil Santoro, y la legisladora Graciela Ocaña acusaron a la exmandataria de defraudar al ANSES por más de $6 millones adicionales, obtenidos al declarar su domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz. Según la denuncia, el suplemento por «zona austral» habría sido percibido indebidamente, ya que Cristina Kirchner residiría habitualmente en el barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires.
El director de ANSES, Mariano de los Heros, reveló la existencia de este beneficio tras la suspensión de las jubilaciones de privilegio. La denuncia no solo busca recuperar el dinero supuestamente mal cobrado, sino también investigar a los funcionarios que autorizaron este suplemento.
Cristina Kirchner, quien percibía dos pensiones honoríficas según la Ley 24.018, perdió ambos beneficios por decisión del Gobierno, argumentando que su condena penal contradice los requisitos de mérito y buen desempeño estipulados por la normativa. Frente a esta medida, su abogado, Facundo Fernández Pastor, presentó un recurso administrativo alegando que la quita viola derechos constitucionales y jurisprudencia de la Corte Suprema. Además, exige la restitución de los haberes retenidos junto con los intereses acumulados.
El caso suma tensión al escenario político, mientras se espera la resolución de los recursos legales presentados.
