El procurador general Pedro García Castiella reveló un preocupante escenario en el norte de Salta, donde el narcotráfico busca copar territorios con estrategias sofisticadas y armas avanzadas. Las recientes amenazas que ha recibido han desatado un fuerte operativo de seguridad sin precedentes en el Ministerio Público. Aunque la modalidad de las amenazas no ha sido confirmada, se han reforzado las medidas en torno a la fiscalía con la presencia del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOPAR), controles estrictos y restricciones de acceso tanto vehicular como peatonal.
García Castiella señaló a los municipios fronterizos como focos de infiltración de las redes del narcotráfico, lo que ha generado temor entre sectores políticos y empresariales de la región. Paralelamente, la investigación contra el juez de Orán, Claudio Parisi, acusado de vínculos con el narcotráfico, avanza con un tercer requerimiento de juicio, lo que podría acelerar su destitución. Estas investigaciones han levantado sospechas de que las amenazas recibidas por el procurador estén vinculadas a la exposición de la complicidad judicial con el narcotráfico en la región.
La tensión en el sistema judicial de Salta ha aumentado, especialmente tras las investigaciones que revelan la implicación de magistrados en facilitar la operación del narcotráfico. El caso del asesinato de Liliana Ledesma en Salvador Mazza, cuyo sicario fue liberado bajo la jurisdicción de un juez implicado, es un ejemplo de las profundas ramificaciones de esta problemática. Todo esto ha llevado a un clima de máxima alerta en la Justicia provincial.
