Un nuevo decreto presidencial, alineado con las políticas del gobierno de Javier Milei, propone eliminar el reconocimiento de las identidades no binarias en los documentos argentinos, afectando a personas que no se autoperciben dentro de los géneros femenino y masculino.
Esta medida se suma a decisiones previas como la prohibición del lenguaje inclusivo y el desfinanciamiento de programas de salud reproductiva, marcando un retroceso en derechos humanos y políticas inclusivas en el país.
El derecho al DNI no binario está garantizado por la Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada en 2012 e implementada en 2021 bajo la presidencia de Alberto Fernández. Según registros recientes, en Argentina hay 8.293 personas que se identifican como no binarias, de las cuales aproximadamente 1.500 realizaron el cambio en sus documentos.
