El veto presidencial es una herramienta crucial del Poder Ejecutivo para rechazar leyes consideradas inviables o perjudiciales. En el contexto de la reciente media sanción del Congreso a la reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei ha manifestado su intención de utilizar este poder para frenar un proyecto que, según su gobierno, generaría un gasto insostenible. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, advirtió en Radio Continental sobre las consecuencias de un posible rechazo del veto presidencial, señalando que, de ser necesario, el Gobierno implementará «fuertes recortes» en otras áreas presupuestarias para compensar el gasto adicional.
El veto presidencial permite al Ejecutivo rechazar una ley en su totalidad o en parte. Si el veto es ejercido, la ley retorna al Congreso para ser reconsiderada. Si ambas Cámaras insisten con una mayoría especial de dos tercios de los votos, el proyecto puede ser confirmado. Actualmente, La Libertad Avanza y sus aliados suman 85 votos en la Cámara de Diputados, lo que dificulta alcanzar los 177 votos necesarios para superar el veto. Francos reiteró la postura del presidente Milei de vetar la reforma si esta se aprueba en el Senado, subrayando que, en caso de insistencia del Congreso, el Ejecutivo cumplirá la ley, pero tomará medidas drásticas para mantener el equilibrio fiscal. Estas declaraciones resaltan la difícil situación fiscal del país y las limitaciones del Gobierno para asumir nuevos gastos sin afectar otras áreas esenciales.
