El presidente Javier Milei ha ordenado agilizar la privatización de 59 empresas estatales, proceso que está siendo supervisado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher. Este equipo de 30 profesionales analiza cada compañía y prevé que para 2025 se pueda avanzar con la venta parcial de estas entidades, entre las que destacan Aerolíneas Argentinas, AySA y Arsat.
La estrategia de privatización busca reducir la intervención estatal en áreas clave de la economía, con el objetivo, según el entorno del presidente, de «cerrar una fuente de ingresos de los políticos corruptos». Aunque algunas empresas son rentables, el gobierno advierte que, bajo control público, podrían volver a ser deficitarias debido a la influencia política.
El plan establece seis posibles destinos para estas compañías: privatización mediante Oferta Pública Inicial (IPO), concesión, transformación, cesión a las provincias, cierre o asociación con socios estratégicos. El proceso se llevará a cabo en tres fases: definición, preparación y ejecución, y se espera que tome entre 6 y 8 meses.
Cada empresa será evaluada por su viabilidad económica y atractiva para potenciales inversores. Algunos casos ya avanzan, como AySA, que busca un operador privado para gestionar la empresa con una posible apertura de capital en la Bolsa. Para Arsat, se planea vender el 49% de las acciones, mientras el Estado conservaría el 51%.
Empresas como Intercargo, ENARSA, Fabricaciones Militares, Banco Nación y Banco Hipotecario también están bajo revisión. En el caso de Aerolíneas Argentinas, que enfrenta una fuerte resistencia a su privatización, se evalúan alternativas como cederla a sus empleados o transformarla en una sociedad mixta.
A pesar de los obstáculos, el gobierno sostiene que las privatizaciones son esenciales para modernizar y hacer más eficiente el aparato estatal. Se argumenta que las empresas privatizadas tienen un gran potencial de generar ingresos si se gestionan desde el sector privado, lo que permitiría optimizar recursos y reducir el gasto en subsidios.
