La presión tributaria creció 3,4 puntos porcentuales entre diciembre y marzo. Esto significa que de cada $100 de renta agrícola que produce una hectárea, $62,60 tienen como destino las arcas del Estado.
La presión impositiva sobre el sector agropecuario se nombra, ya hace años, como uno de los principales problemas y limitantes de la actividad, con impuestos que van desde tasas viales municipales hasta los derechos de exportación, produciéndose así una superposición de tributos. Pero el inconveniente mayor es que estas alícuotas se encuentran en constante actualización, por lo que la participación del Estado no para de crecer en la renta agrícola.
Así lo afirma la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) en su medición trimestral sobre el peso de los impuestos en la renta agrícola. Según el informe de marzo, la participación de los tributos a pagar a los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) en la renta agrícola creció 3,4 puntos porcentuales respecto a diciembre, ubicándose en el 62,6% promedio de los principales cuatro cultivos a nivel nacional (soja, maíz, trigo y girasol). Esto quiere decir que de cada $100 pesos del valor de la producción descontando los costos por hectárea, el Estado se queda con $62,60.
Si se hace un desglose a nivel provincial, la mayor presión está en Santa Fe con una participación de Estado que sube hasta el 65,3%, seguido por Córdoba con el 62,4% y por La Pampa, con el 62,1%. En cambio, si se toma por cultivo, el trigo es el más perjudicado, con un peso de los impuestos del 70,9% en su renta, mientras que para la soja es del 66,9%, para el maíz es del 52,3% y para el girasol, del 46,6%.
Para el economista jefe de FADA, David Miazzo, este nuevo aumento “se explica por varios factores: aumentos de impuestos fijos municipales y provinciales; suba de costos en pesos y en dólares de labores y fletes; incrementos de precios de fertilizantes; baja del precio disponible del trigo; y reducción de los rindes estimados por efecto de la sequía”.
Del 62,6% que representan los impuestos en la renta agrícola, el 66,8% son tributos nacionales no coparticipables (entre ellos están las retenciones), el cual respecto a las mediciones de diciembre, tuvo un crecimiento de su participación del 5,7%. En segundo lugar vienen los coparticipables con el 27,5% (-6,5 pp respecto a diciembre); después se ubican los provinciales con el 5% (+0,6 pp); y por último los municipales (+0,1 pp).
Según explicó la entidad, el mayor peso de los impuestos no coparticipables se debió a la menor participación de alícuotas como el impuesto a las ganancias (coparticipable), mientras que el avance de los provinciales y los municipales se explica porque son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de año.
Sin embargo, el grueso son impuestos no coparticipables, siendo las retenciones y los impuestos a los créditos y débitos bancarios tributos que tienen un efecto directo en lo que respecta al federalismo en la redistribución de los ingresos que generan las provincias, según remarcó Miazzo. O sea, “la mayoría de los impuestos a los que se somete al sector agrícola son nacionales no coparticipables (quedan en manos del Estado nacional), mientras que esta actividad productiva por definición es federal y está muy arraigada a las regiones”, señaló FADA.
Cepos
Otro punto que analizó el trabajo realizado por FADA es el efecto sobre el agro de los cepos cambiarios y a las importaciones, ambas herramientas o sistemas implementados por el Gobierno nacional (que en casos como el cambiario ya provenían de la administración Macri), que busca, según el Ejecutivo, impedir la salida de dólares. Sin embargo, las consecuencias pueden afectar al sector más dinámico de la economía argentina con un aumento en sus costos.
Según describe Miazzo, la conjunción de estas dos medidas restrictivas desembocan en que “la brecha cambiaria que genera el cepo cambiario, provoca incentivos a adquirir bienes dolarizados e importados, que choca con una menor oferta como consecuencia del cepo importador. Así, los productos importados tienen mayor demanda y menor oferta. La consecuencia lógica es un incremento de precios, no sólo de los productos importados, sino también de sus sustitutos locales”.
“En la agricultura, el resultado es el progresivo aumento de precios, que comienza por algunas autopartes y repuestos para vehículos y maquinaria y luego se va extendiendo a fertilizantes y fitosanitarios, cómo sucedió en el cepo 2011-2015. Este problema es uno de los principales temas a monitorear durante el 2021 ante un cepo importador que parece profundizarse. Lo anecdótico es que, por falta de dólares, pierde competitividad el sector que genera 7 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones”, concluyó Miazzo.
