La situación legal de Alberto Fernández en relación al escándalo de los seguros se está complicando cada vez más. El ex presidente se encuentra actualmente inhibido, con órdenes de levantamiento fiscal y bancario sobre sus cuentas, y sus comunicaciones telefónicas están bajo investigación. Además, la fiscalía antilavado PROCELAC está siguiendo de cerca su patrimonio.
La última novedad en este caso es que el juez Julián Ercolini le ha exigido a Alberto Fernández que designe a un abogado defensor. Hasta el momento, el ex jefe de Estado no ha realizado declaraciones sobre estas acusaciones ni se ha presentado ante la Justicia.
La causa, que está siendo tramitada en el juzgado de Julián Ercolini, se inició a raíz de denuncias de presuntas irregularidades relacionadas con el Decreto 823/2021, mediante el cual Alberto Fernández estableció que el sector público estatal debía contratar exclusivamente servicios de seguros con la empresa Nación Seguros.
Según la investigación judicial, esta medida habría facilitado o promovido prácticas irregulares en la contratación de intermediarios que recibían comisiones millonarias. La justicia federal ha identificado detalladamente 45 contratos con el corredor que intervino en cada caso. A raíz de esto, y a solicitud del Ministerio Público Fiscal, el período de investigación se ha ampliado para abarcar toda la gestión anterior.
