El juez federal Sebastián Casanello ordenó la inhibición de bienes de las organizaciones allanadas el pasado lunes como parte de una investigación que involucra a líderes de movimientos piqueteros por presunta extorsión y amenazas a beneficiarios de planes sociales.
Además, el magistrado solicitó la pericia del INAES (Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social), entidad responsable de aplicar las leyes que regulan las cooperativas y mutuales.
En medio del alboroto mediático generado por las denuncias, surgió el polémico caso de la Cooperativa Agustín Tosco Limitada, afiliada al FOL (Frente de Organizaciones en Lucha).
“Recibieron 690 MILLONES DE PESOS y tenían CUATRO plazos fijos en el Banco Credicoop”, denunció Jonatan Viale en su programa de TN.
La cooperativa destinó el dinero que recibió para brindar ayuda social en “inversiones diversificadas en cuatro plazos fijos en el Banco Credicoop por un monto de $16 millones“.
Estas operaciones, “le reportan una ganancia a la cooperativa de $712.000”, agrega Viale.
“Pusieron a trabajar la plata en vez de dársela a los pobres”, dijo el conductor.
