La Cámara de Diputados comenzará mañana en comisión el tratamiento del proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años. Este nuevo Régimen Penal Juvenil aplicará a los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal. El debate se abrirá con una reunión informativa en la que participarán funcionarios de los ministerios de Seguridad y Justicia.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, conducido por Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert, respectivamente, se llevará a cabo a las 12:30 en el edificio Anexo C. Durante la jornada, también se discutirán proyectos sobre trata de personas y una ley antimafia, con el objetivo de dotar al Gobierno de nuevas herramientas para combatir el crimen organizado.
En la primera reunión informativa sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil expondrán el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto. En una segunda sesión, se espera la participación de los autores de diversos proyectos presentados en la Cámara baja.
El proyecto propone un régimen penal para adolescentes de 13 a 18 años que cometan delitos tipificados en el Código Penal. Establece que no se podrá imponer a los menores una pena de reclusión perpetua, y el máximo de prisión será de 20 años, incluso si la escala penal del delito es mayor.
Además del proyecto principal, se discutirán propuestas presentadas por varios legisladores:
Cristian Ritondo (PRO) propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. Los jóvenes estarán en centros especializados para menores hasta cumplir la mayoría de edad, tras la cual cumplirán la pena correspondiente a la gravedad del delito.
Álvaro Martínez (LLA) sugiere prisión de hasta 10 años para menores de 12 a 16 años, y hasta 15 años para aquellos mayores de esa edad.
María Eugenia Alianiello (UxP) no baja la edad de imputabilidad (actualmente en 16 años). Establece sanciones menores y mecanismos de reinserción social, con un tope de 10 años de pena.
El tema de la baja de imputabilidad ha generado divisiones transversales en los bloques y no ha avanzado en debates anteriores, a pesar del consenso sobre la necesidad de reformar el sistema penal juvenil.
