Entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral en Argentina aumentó de 79.000 a 1.000.045. Para diciembre de 2023, esta cifra había alcanzado los 1.224.000 beneficiarios. Una auditoría reciente, liderada por Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y Mario Russo, ministro de Salud de la Nación, reveló que solo 7 de cada 100 pensiones otorgadas cumplían con los requisitos establecidos. Como resultado, se han iniciado acciones penales en varias jurisdicciones por fraude a gran escala, que en el último año desvió cerca de 3.400 millones de dólares de las arcas nacionales.
En Salta, 58.223 beneficios están bajo investigación, menos que en Chaco (99.134) pero el doble de los otorgados en Jujuy (23.230) en el mismo período. Manuel Adornis, vocero presidencial, compartió estas cifras en una conferencia de prensa, causando asombro y descreimiento entre los periodistas y la audiencia. Una investigación del fiscal federal Carlos Amad en Taco Pozo, iniciada en febrero de 2023, reveló corrupción masiva, con pruebas contundentes y cargos penales contra médicos y funcionarios. Amad destacó que en un pueblo de solo 10.222 habitantes se registraron 662 pensiones por invalidez en un año, una cifra altamente sospechosa.
El vocero presidencial señaló diversas irregularidades, como en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde 683 empleados reciben pensiones por invalidez, el 65% de ellas otorgadas en menos de 30 días. Adornis también mencionó casos en Chaco y Corrientes, donde pruebas fraudulentas incluyeron una misma radiografía usada para 150 pensiones y la radiografía de un perro presentada como prueba de invalidez. Aunque algunas irregularidades fueron detectadas, las denuncias penales apenas comienzan a surgir, evidenciando la falta de controles efectivos en la Andis.
