Doce policías de alto rango en Salta, entre ellos comisarios y oficiales principales, han sido hallados «responsables administrativos» en la estafa piramidal de la financiera ilegal «Ríos y Asociados». A pesar de las investigaciones y de la declaración de responsabilidad administrativa por la Secretaría de Seguridad de la Provincia, estos funcionarios aún permanecen en sus puestos.
El caso, conocido desde 2022, revela una compleja red de estafas bajo un esquema piramidal similar al «Ponzi», con promesas de duplicar inversiones a través de una financiera que operaba sin licencia. Esta investigación ha acumulado cientos de denuncias y ha implicado a numerosos agentes de la Policía de Salta en roles de captación de inversores y como beneficiarios de retornos económicos rápidos y preferenciales. La causa judicial cuenta ya con 30 cuerpos de documentación y detalla que hasta el momento han sido imputados 14 miembros de la fuerza policial.
El reporte de la Oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, derivado de la Resolución del Expediente Nº 149-66433/22, menciona que entre los implicados se encuentran tres comisarios, dos oficiales principales y varios suboficiales, quienes habrían actuado en connivencia con la cabecilla de la organización, Cynthia Elizabeth del Valle Moya, facilitando las operaciones fraudulentas de la financiera en distintos puntos de la provincia. A pesar de la gravedad de la implicación, las sanciones aún no han sido efectivas y circulan rumores de posibles ascensos para algunos de los responsables.
El esquema de «Ríos y Asociados» operaba con promesas de rendimientos del 100% en periodos breves y atrajo a numerosos policías que no solo invirtieron, sino que promovieron el esquema. Investigaciones adicionales revelaron que estos agentes mantuvieron una relación cercana con Moya, al punto de intercambiar llamadas y mensajes, y de recibir retornos en condiciones que excedían los términos ofrecidos a otros inversores. Las pruebas, que incluyen declaraciones juradas patrimoniales y documentos extralaborales, sugieren que algunos de los policías utilizaban vehículos oficiales y fondos públicos para facilitar las operaciones de la financiera.
La investigación penal ha revelado además un uso extensivo de redes sociales y grupos privados para captar nuevos inversionistas, lo que ha puesto en evidencia el papel activo de varios oficiales en el esquema fraudulento. La resolución final aún está en espera, mientras crecen las críticas sobre la transparencia y las posibles omisiones en las sanciones a los policías implicados en la estafa.
