Desde 2015, cuando Aguas Blancas fue declarado municipio, ha tenido dos intendentes, ambos envueltos en graves acusaciones. Sergio Oliva, condenado por abrir un paso ilegal en la frontera con Bolivia, y Carlos Martínez, recientemente revocado de su arresto domiciliario por obstruir la investigación del asesinato de su hermano, un crimen con presunto vínculo narco.
En medio de este contexto, la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, ha solicitado a la Justicia Federal que investigue irregularidades detectadas en los padrones electorales de Aguas Blancas. La más llamativa involucra la calle 20 de Febrero, que, aunque solo tiene cinco cuadras, registra a 603 votantes habilitados, todos con el domicilio ambiguo de «20 de febrero S/N». Situaciones similares se presentan en otras calles del municipio.
Cornejo ha expresado que estas anomalías podrían ser indicio de delitos, como la inscripción dolosa de extranjeros como votantes o la entrega ilegal de la ciudadanía argentina. Para esclarecer los hechos, ha solicitado que Gendarmería o un investigador del Ministerio Público Fiscal realicen un relevamiento de los domicilios y la legitimidad de los documentos de identidad de los votantes. También ha pedido informes a la Embajada de Bolivia y al Registro Nacional de las Personas para determinar si los votantes cumplen con los requisitos legales.
Este caso podría destapar una red de irregularidades en una zona sensible de la frontera con Bolivia.
