En medio de diversas auditorías que la administración de Javier Milei está llevando a cabo en diferentes organismos, el Ministerio de Justicia reveló que está analizando las indemnizaciones otorgadas a víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.
Según informó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se están revisando 22,500 expedientes para evaluar el respaldo documental, la veracidad y la legalidad de la documentación presentada en cada caso para recibir las reparaciones.
En promedio, cada indemnización alcanza los $80,000,000 y en total, según lo revelado por el Ministro, la cifra reconocida por el gobierno anterior llegó a los $14,261,528,925 a través de las Leyes 24,043, 24,411 y 25,914.
Hasta ahora se han detectado 100 expedientes irregulares y pagos duplicados. El 24 de abril de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti comenzó a embargar bienes en uno de los casos.
En este contexto, la Justicia está investigando una presunta asociación ilícita que se dedicaba a falsificar documentación para cobrar las indemnizaciones, y por este motivo, Capuchetti ya ordenó notificar el procesamiento firme y el embargo de bienes al abogado Omar Enrique Ramón García, quien representa a varios solicitantes.
Según la investigación, en muchos casos se simulaba ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura.
Cúneo Libarona mencionó el caso “Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, donde se procesó por estafa al Estado a un grupo de personas.
