El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, derogó oficialmente el “Programa de salud en contextos de encierro”, implementado en 2012. Según la resolución 2/2025 publicada en el Boletín Oficial, la medida se tomó debido a la ausencia de resultados concretos que demostrarán mejoras en la atención sanitaria de las personas privadas de libertad.
Este programa, creado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, buscaba acciones articulares entre las autoridades nacionales y provinciales para garantizar mejores condiciones de salud en los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, desde su puesta en marcha, no se registraron datos estadísticos ni indicadores sanitarios que acreditarán avances significativos.
La resolución destaca también la falta de convenios entre el programa y las provincias, lo que dificultó la implementación de medidas conjuntas. Según el Ministerio, las jurisdicciones provinciales y los servicios penitenciarios federales ya cuentan con sistemas de salud organizados que, en teoría, garantizan la atención médica de esta población, haciendo innecesario un programa nacional adicional.
Aunque el programa tuvo intenciones loables, su falta de operatividad y de resultados medibles limitaron su impacto. Ahora, la atención sanitaria de las personas privadas de libertad recae exclusivamente en los sistemas provinciales y el Servicio Penitenciario Federal. Esta medida se enmarca en una revisión más amplia de programas nacionales que, según el Ejecutivo, no han cumplido con sus objetivos.
