El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanza con la reforma del Estado argentino, preparando un decreto para eliminar 60 organismos. Esta medida es parte de un esfuerzo mayor del Gobierno para reducir la burocracia y optimizar el funcionamiento estatal. La iniciativa cuenta con el respaldo legal otorgado por el Congreso al presidente Javier Milei en junio, que permite eliminar funciones y estructuras de los entes gubernamentales.
Entre los organismos que se prevé eliminar se encuentran el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE). El objetivo es unificar algunos organismos y reducir sus atribuciones para concentrar esfuerzos en áreas consideradas prioritarias por el Gobierno.
Las facultades extraordinarias permiten a Milei eliminar competencias, funciones y estructuras jurídicas de los entes, además de poder ceder organismos a las provincias que lo soliciten. Quedan fuera de la intervención presidencial las universidades, dependencias del Poder Legislativo y Judicial, y organismos como CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI y UIF.
El artículo 52 de la Ley Bases establece que los empleados públicos de las áreas sujetas a eliminación o modificación permanecerán un año con goce de sueldo mientras esperan ser reubicados. Además, se contempla su capacitación para otras tareas o la realización de servicios tercerizados del Estado. Los empleados pueden ser transferidos a provincias y municipios, y recibirán una indemnización de un mes de sueldo por cada año de servicio.
El Ejecutivo también busca reducir el número total de contratados estatales, ya disminuidos de 72,000 a 48,000, con el objetivo de desplazar a todos antes de 2026. Los despidos se ejecutan a través de revisiones contractuales trimestrales.
