Según un informe de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) de la Procuración General de la Nación, un grupo de 26 ex funcionarios de la última dictadura militar en Argentina, incluyendo ex ministros, secretarios de Estado y directores del Banco Central, están recibiendo jubilaciones de privilegio.
Entre los beneficiarios se encuentran personas como Guillermo Lousteau Heguy, quien ocupó el cargo de secretario de Turismo entre 1981 y 1982 y es padre del actual senador y titular de la UCR, Martín Lousteau; también figuran los abogados Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia; y Ricardo Yofre, ex subsecretario general de la presidencia durante la gestión Videla y hermano mayor del ex jefe de la SIDE, Juan Bautista Yofre.
Es relevante mencionar que, irónicamente, Guillermo Lousteau Heguy actualmente es el titular del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), con sede en Miami, Estados Unidos.
La investigación, inicialmente revelada en 2016, fue conducida por los fiscales Josefina Minatta y Gabriel de Vedia, quienes son coordinadores de la Ufises. Ellos solicitaron al entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que revocara estos privilegios, como lo estipula una ley sancionada hace siete años.
En diciembre de 2008, se aprobó la ley 26.475, la cual estableció la extinción de los beneficios especiales para aquellos que ocuparon cargos en organismos de la administración pública nacional durante la dictadura. Esta normativa abarcaba desde ex presidentes de facto hasta secretarios y subsecretarios. Al año siguiente, la circular 17/09 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) creó un procedimiento para implementar estas bajas.
Aunque la mayoría de los ex funcionarios de la dictadura ya han fallecido, la investigación de la Ufises reveló que el Estado aún continuaba pagando jubilaciones a ex colaboradores de los regímenes de Videla, Viola y Bignone.
