El Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Luis Petri, ha descubierto irregularidades por $200 millones provenientes de la gestión de Cristina Kirchner, relacionadas con contratos para la provisión de material militar. Entre los contratos investigados se encuentran aquellos destinados al proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), el desarrollo de aviones Pampa y Pucará IA100, y la construcción de embarcaciones. Los drones previstos en el proyecto SARA nunca se completaron, y se abonaron $200 millones sin resultados concretos. Además, se cuestionan los pagos y la ejecución de proyectos que no correspondían al ámbito de defensa, como la construcción de pérgolas y refugios de ómnibus.
En 2015, un convenio entre el Gobierno y el Invap para desarrollar drones con un presupuesto de más de $2.000 millones quedó en suspenso en 2016. Se abonaron $200 millones, pero el desarrollo no avanzó. Petri destacó la falta de resultados en varios proyectos, señalando que se destinaron millones de dólares a drones y aviones que nunca se entregaron, y a cubrir déficits operativos de empresas de defensa. Se han solicitado auditorías a varias instituciones, como la Fábrica Argentina de Aviones y Tandanor, y se están considerando acciones judiciales para esclarecer el uso de los fondos destinados a la defensa.
