Después de la extensa sesión en Diputados del 30 de abril, donde el oficialismo consiguió la media sanción para la Ley Bases y el paquete fiscal, un sector de la oposición dialoguista propuso en el recinto la inclusión del capítulo tabacalero que originalmente había propuesto el Gobierno en su proyecto. Este capítulo busca que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos.
En este contexto, se elevó el gravamen a los cigarrillos del 70% al 73% y se estableció que el «Señor del tabaco» deberá pagar los impuestos que actualmente evade por cuestiones legales, lo que le ha permitido dominar más del 40% del mercado en los últimos cinco años.
Sin embargo, el lobby continúa y ante la próxima votación en el Senado, el kirchnerismo denunció «irregularidades» en el conteo de votos. Martín Menem, presidente de la Cámara, rechazó estas acusaciones asegurando que el proceso se realizó de manera adecuada.
Desde el bloque libertario, se denuncia que el kirchnerismo busca invalidar la votación que reintrodujo el capítulo del impuesto al tabaco, lo que supondría un beneficio directo para Otero y su empresa Tabacalera Sarandí. Esta compañía ha fortalecido su posición en el mercado al no pagar el impuesto mínimo a los cigarrillos gracias a una serie de medidas judiciales cautelares a su favor.
