El Gobierno nacional eliminó la obligación de paridad de género en la integración de órganos de administración de sociedades, fundaciones y asociaciones civiles. Esta medida fue adoptada luego de un planteo presentado por la Fundación Apolo, presidida por el legislador Yamil Santoro. La Resolución General 13/2024 de la Inspección General de Justicia (IGJ) deroga las disposiciones que establecían la paridad de género obligatoria. Santoro destacó esta medida como un avance hacia la libertad y el mérito en el acceso a cargos directivos, privilegiando la idoneidad como criterio de selección.
De esta manera, las entidades bajo regulación de la IGJ ya no están obligadas a implementar la paridad de género en sus órganos de administración.
