El gobierno nacional iniciará una auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral tras detectar irregularidades en controles recientes. Según cifras oficiales, el 80% de los beneficiarios no cumple con los requisitos para recibir el beneficio.
La Agencia Nacional de Discapacidad, junto con el PAMI, llevará a cabo la medida para garantizar que se respeten los criterios de selección. En la última auditoría realizada en diciembre de 2024, se descubrió que numerosos beneficiarios no sufrirían las afecciones declaradas. Además, se dieron de baja 212 pensiones cobradas desde cárceles y otras 150 asignadas a personas fallecidas.
Como parte del plan para reforzar los controles de las prestaciones estatales, el gobierno actualizó recientemente las condiciones para determinar la invalidez laboral, publicando un baremo en el Boletín Oficial. Este documento, elaborado por expertos en medicina jurídico-laboral, define criterios precisos para evaluar las afecciones psicofísicas y su impacto en la capacidad laboral.
Desde el Ejecutivo destacaron que la normativa busca asegurar que las pensiones lleguen únicamente a quienes realmente las necesitan, promoviendo mayor transparencia y eficiencia en su otorgamiento.
