El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anunció que se están evaluando restricciones para impedir que los funcionarios públicos accedan a las viviendas del programa «Casa propia con ahorro previo». Esta medida busca asegurar que las soluciones habitacionales estén dirigidas exclusivamente a los ciudadanos, promoviendo mayor transparencia en el proceso.
Villada destacó que existe un fuerte reclamo para que los funcionarios no se beneficien de este plan y subrayó: «Este gobierno trabaja para la gente, no para los funcionarios». Aseguró que se tomarán las medidas necesarias para evitar ese tipo de situaciones.
Debido a limitaciones financieras por la falta de fondos nacionales, Villada explicó que la provincia ha tenido que dividir los proyectos de viviendas. De las 2.000 casas planificadas, 800 seguirán el sistema tradicional, mientras que las restantes estarán bajo el esquema de ahorro previo.
El programa ha generado un alto interés, con más de 600 inscripciones en el primer día, y las autoridades se comprometen a garantizar que las viviendas lleguen a las personas que más lo necesitan.
