En el marco de la reestructuración del Estado, el Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del Decreto 70/2025. La medida busca reducir la intervención estatal en políticas habitacionales y delegar su gestión a provincias, municipios y el sector privado.
Desde la administración de Javier Milei señalaron que la decisión responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada por actores locales y privados, disminuyendo la participación del Estado nacional en este ámbito.
Cierre de fondos fiduciarios y auditorías
El Ejecutivo también avanzó en la disolución de tres fondos fiduciarios clave. A través del Decreto 1018/2024, se inició el cierre del Fondo Fiduciario Público PROCREAR, tras detectarse irregularidades en la entrega de viviendas. Asimismo, el Decreto 6/2025 ordenó la clausura del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, acusado de uso político y clientelismo. Además, el Gobierno evalúa el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Reorganización administrativa
Tras la eliminación de la Secretaría, sus áreas pasarán a otras dependencias. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana y la Dirección Nacional de Arquitectura serán absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Para garantizar una transición ordenada, se implementará una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).
Desde la Casa Rosada respaldaron la medida y afirmaron que buscan reemplazar “el modelo de la corrupción de Sueños Compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”.
