En 2020, durante la pandemia de Covid-19, el gobierno de Alberto Fernández había declarado los servicios de Internet, cable y celular como esenciales y los reguló a través de Enacom. Sin embargo, este miércoles, la administración de Javier Milei puso fin al DNU mediante el decreto 302/2024 publicado en el Boletín Oficial.

El nuevo decreto sostiene que se sustituye el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias, estableciendo que los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios de manera justa y razonable, cubriendo los costos de explotación y buscando una prestación eficiente con un margen razonable de operación.

Esta nueva normativa busca permitir a las empresas manejar las tarifas con el objetivo de fomentar la competencia y generar inversiones para mejorar los servicios ofrecidos a los consumidores.

“Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20″, detalla la nueva normativa.

Según fuentes del Gobierno, no se espera que se produzcan aumentos ya que las tarifas habrían sido actualizadas en los primeros meses del año cuando las empresas presentaron medidas cautelares ante la Justicia para acomodar sus abonos.

“En cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”, agrega el decreto firmado por Javier Milei, sus ministros y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.