El gobierno de Javier Milei ha dado un paso decisivo hacia la transparencia en la gestión universitaria con la publicación de tres decretos este viernes, junto con un próximo DNU, que reforman las reglas para las compras y contrataciones de las universidades públicas. Estas medidas, aplicables a las 62 casas de altos estudios del país, establecen la obligatoriedad de utilizar sistemas electrónicos como COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF para todas las transacciones.
Una de las modificaciones más destacadas es la prohibición de realizar convenios y acuerdos directos, práctica que, según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), generó más de 2.400 contratos con irregularidades multimillonarias en universidades como la UBA. Además, se restringen los convenios interadministrativos con entes públicos o cooperativas, históricamente exentos del control estatal. Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, afirmó que el objetivo es asegurar un manejo más transparente de los fondos públicos sin afectar la autonomía universitaria garantizada por la Constitución.
A partir de estos decretos, toda facturación de bienes y servicios deberá realizarse exclusivamente a través de plataformas digitales bajo control del Ejecutivo, con el propósito de evitar la discrecionalidad en el uso de recursos y garantizar la trazabilidad de las operaciones. En casos de incumplimientos, el gobierno podría limitar las transferencias de fondos públicos, lo que ha generado inquietud, particularmente en la UBA, que gestiona una porción significativa del presupuesto destinado a educación superior.
Estas reformas se inscriben en la política de transparencia de la administración de Milei, que también incluye la disolución de 15 fondos fiduciarios y la eliminación de privilegios en empresas públicas como YPF y Aerolíneas Argentinas. Según Fariña, muchas de estas entidades desviaban hasta el 80% de sus recursos a salarios, alejándose de los fines para los que fueron creadas.
Aunque no se han establecido plazos específicos para implementar las medidas, el Ejecutivo ha abierto una instancia de diálogo con las universidades, buscando un consenso para aplicar los cambios de manera ordenada y efectiva. Sin embargo, las reformas no han estado exentas de críticas. Mientras el gobierno asegura que respetará la autonomía universitaria, algunos sectores académicos temen que estas medidas restrinjan la capacidad de autogestión de las instituciones.
En medio de este debate, el gobierno avanza con su agenda de reformas, consolidando la transparencia y el control del gasto público como ejes centrales de su gestión.
