El gobierno de Javier Milei ha ordenado la disolución de cinco fideicomisos estatales como parte de su política de reducción del gasto público, una medida establecida mediante el decreto 1048. Los fideicomisos eliminados estaban relacionados con la asistencia a víctimas de trata, la competitividad del sector azucarero , el apoyo a emprendedores, la refinanciación hipotecaria y las inversiones estratégicas. Según el Gobierno, esta decisión se justifica en irregularidades detectadas en auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Entre los fideicomisos eliminados se encontraba el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que brindaba apoyo a personas afectadas por este delito. De acuerdo con la SIGEN, el fondo presentaba problemas operativos y una gestión inadecuada por la falta de sistemas informáticos adecuados. Otro fideicomiso cerrado fue el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (Proicsa), inactivo desde 2020, que otorgaba créditos para mejorar la competitividad de la industria azucarera en el norte argentino.
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), destinado a financiar proyectos de emprendedores mediante préstamos y aportes no reembolsables, también fue disuelto tras detectarse problemas de gestión de inversiones, falta de rendición de cuentas y ausencia de manuales operativos. Junto con estos, se ordenó el cierre del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria y el Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo propósito era fomentar la generación de empleo mediante inversiones en sectores clave. Según el Gobierno, ambos fideicomisos presentaban serios problemas de funcionamiento.
Desde el inicio de su gestión, Milei ha impulsado la resolución de más de una decena de fondos fiduciarios, entre ellos el Fondo Progresar, destinado a financiar becas educativas, y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, orientado a la conservación ambiental. Estas decisiones se enmarcan en un ajuste más amplio para reducir el tamaño del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos.
A pesar de las justificaciones oficiales, las críticas han aumentado. Organizaciones sociales y productivas han señalado los posibles impactos de estas medidas en sectores vulnerables y estratégicos. La eliminación de programas como el de asistencia a víctimas de trata o el apoyo a emprendedores genera un intenso debate sobre el equilibrio entre la austeridad fiscal y la atención de necesidades sociales fundamentales. Estas decisiones representan uno de los desafíos más relevantes del gobierno de Milei, que continúa impulsando reformas radicales en la estructura estatal.
