Desde hoy, 1 de enero de 2025, el gobierno de Javier Milei ha implementado el congelamiento de la planta de empleados del sector público, permitiendo nuevos ingresos solo para reemplazar bajas existentes. La medida, oficializada en el Boletín Oficial a finales de 2024, marca un cambio drástico en el régimen de empleo público y llega tras una reducción de 36.000 puestos en diversas áreas del Estado.
El decreto prohíbe designaciones o contrataciones de personal en planta transitoria, permanente o bajo contratos especiales, como los regidos por el artículo 1.109, que incluyen asesores clave. La medida busca frenar el crecimiento de la estructura estatal y está respaldada por el presidente Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
A pesar del congelamiento, la normativa incluye importantes excepciones. Se permitirán contrataciones en áreas estratégicas como ciencia, tecnología e innovación, universidades, el Servicio Exterior de la Nación, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el personal profesional de hospitales, centros asistenciales e institutos del Ministerio de Salud.
Además, las nuevas contrataciones estarán sujetas a un sistema de reemplazo condicionado: por cada tres bajas registradas, se habilitará una alta. Los aspirantes deberán haber aprobado una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, realizada en diciembre de 2024.
Otro aspecto relevante es que cualquier contratación aprobada bajo este esquema no podrá extenderse más allá de junio de 2025. Esto refuerza el compromiso del gobierno con la transformación estructural del sector público y el control del gasto estatal.
El congelamiento ha generado controversia en el ámbito político y social, dividiendo opiniones sobre su impacto en el empleo y en la capacidad operativa del Estado. Sin embargo, el gobierno insiste en que estas medidas son necesarias para alcanzar un modelo estatal más eficiente y sostenible.
