El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de desregulación económica al eliminar 43 normas de control de precios, una decisión que busca reducir la burocracia, fomentar la competencia y simplificar el funcionamiento del mercado. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, esta medida representa un avance clave hacia un sistema económico más dinámico y transparente.
Entre las normativas derogadas figuran disposiciones que permitían la fijación de precios, la intervención estatal en mercados y la solicitud de información innecesaria a empresas. La Resolución 1212/2024, publicada en el Boletín Oficial, argumenta que estas regulaciones «provocaban ineficiencias y generaban costos innecesarios para productores y consumidores».
La eliminación impacta directamente en sectores como alimentos, comunicaciones y neumáticos. Por ejemplo, se derogaron resoluciones que imponían precios máximos en productos como carne vacuna, lácteos y papel para diarios, además de regulaciones en la televisión paga. En el ámbito industrial, se eliminó una normativa que dificultaba la certificación de neumáticos, buscando agilizar procesos productivos.
Programas emblemáticos como Precios Cuidados, Super Cerca y el SIPRE (Sistema Informativo para la Reactivación Económica) también fueron desactivados. Según el Gobierno, estas iniciativas habían perdido su efectividad y contribuían a distorsionar el mercado en lugar de ofrecer soluciones reales.
Asimismo, la resolución elimina exigencias informativas redundantes para instituciones educativas y cámaras empresariales, además de disolver unidades técnicas inactivas como la Unidad Ejecutora Argentina Productiva 2030. Estas acciones forman parte de un esfuerzo por reducir el gasto público y optimizar la gestión administrativa.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Ministerio de Economía ha derogado un total de 107 normativas, incluyendo restricciones al comercio exterior como las licencias no automáticas y el SIRA. Este plan de desregulación apunta a normalizar el comercio, promover la competitividad y reducir costos operativos por un estimado de 5 millones de dólares anuales.
El Gobierno justificó la eliminación de estas regulaciones como un compromiso con un modelo económico menos intervenido y más eficiente. «La desregulación no solo beneficia a las empresas al liberar procesos, sino que también favorece a los consumidores al impulsar un mercado más transparente y competitivo», concluye el comunicado oficial.
