La revelación sobre el gasto de más de $300 millones en sueldos de docentes ausentes entre julio y diciembre del año pasado ha generado sorpresa y preocupación. La falta de justificación para estas prolongadas ausencias ha llevado al inicio de sumarios administrativos para los 127 docentes involucrados, con la posibilidad de cesantía si no se justifican debidamente.
A pesar de los pequeños descuentos mensuales, estos docentes continuaron percibiendo la mayor parte de sus salarios, lo que generó una significativa erogación para el Estado. Además, la necesidad de contratar a otros docentes para cubrir las vacantes ha generado un costo adicional que persistirá mientras no se resuelva el sumario.
La falta de acción oportuna por parte de las autoridades ha sido evidente, ya que las inasistencias no fueron abordadas a tiempo. Aunque las escuelas informan regularmente las asistencias, en este caso particular, la situación se dejó correr sin aplicar medidas adecuadas. Ahora, el proceso administrativo está en curso, pero los tiempos de resolución dependerán de los plazos administrativos y recursos internos disponibles.
