En medio de la intensa discusión en el Congreso sobre la Ley Ómnibus, proyecto del cual el Gobierno decidió excluir el capítulo fiscal, surge por primera vez desde la asunción del Gobierno de Javier Milei una preocupación entre los analistas del mercado respecto a la posibilidad de que el objetivo planteado no pueda alcanzarse finalmente. Esta inquietud no había tomado fuerza incluso a principios de la semana, cuando se pudo observar en las cotizaciones del dólar y otros activos financieros la repercusión de la decisión oficial de evitar la discusión legislativa sobre la suba de retenciones, renunciando a los ingresos inicialmente previstos.
Rápidamente, en el mercado comenzaron a hacer cálculos y concluyeron que la magnitud del ajuste fiscal sometido a votación en el Congreso era inferior a los 2 puntos del PBI, de un total prometido de 5 puntos. En el peor de los escenarios, se planteó la posibilidad de lograr solo el equilibrio primario, considerándolo un avance significativo.
El equipo económico, por su parte, rebatió ambas ideas. En primer lugar, afirmaron que, dada la progresión en algunos aspectos del gasto público, el paquete fiscal excluido de la ley en debate representa ahora solo el 1,3% del PBI. Sin embargo, no consideran este dato como el principal. En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, diseñó el plan de ajuste fiscal con la presunción de que no contaría con herramientas legislativas. A pesar de que se destaca que la aprobación de las medidas sería beneficiosa, se insiste en que el déficit cero no depende exclusivamente de ello.
No obstante, la discusión sobre la coparticipación del impuesto PAIS parece poner de manifiesto fisuras en esa defensa, planteando dudas sobre el verdadero alcance del ajuste.
