El extractivismo en Argentina se ha consolidado a lo largo de los años, abarcando actividades como el agronegocio, la megaminería a cielo abierto, el fracking y la extracción de litio, entre otras. Estas prácticas, promovidas por políticas gubernamentales favorables a las grandes corporaciones, han generado conflictos sociales y ambientales en diversas regiones del país. A pesar de la resistencia de comunidades locales y la advertencia de científicos sobre los riesgos del extractivismo, la falta de unidad entre movimientos ambientales y trabajadores dificulta la defensa de los derechos y el medio ambiente frente a intereses económicos poderosos. En este contexto, las políticas recientes, como el DNU 70/2023 y el proyecto de ley Bases, amenazan con profundizar la extranjerización de tierras y la derogación de leyes ambientales, exacerbando la concentración económica y la devastación territorial.
