El fiscal federal Carlos Stornelli denunció que el gobierno de Alberto Fernández entregó de manera irregular y gratuita 13 terrenos pertenecientes al Ejército, al Ministerio de Defensa y a la secretaría antidrogas a gremios aliados. La denuncia involucra a figuras sindicales destacadas como Víctor Santa María, Roberto Baradel, Francisco Abel Furlán y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Las cesiones ocurrieron durante los últimos meses del mandato de Fernández y fueron gestionadas por la Administración de Bienes del Estado (AABE). La investigación también menciona al exjefe de Gabinete Agustín Rossi, aunque su entorno afirma que el AABE es un organismo descentralizado y que los trámites se iniciaron antes de su gestión. Entre los casos, se destaca la desafectación de un predio de 120.000 metros cuadrados de la Fuerza Aérea en Ezeiza, otorgado al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), dirigido por Víctor Santa María.

El fiscal Stornelli cuestionó la transparencia de estos procesos, señalando la ausencia de convocatorias públicas para la adjudicación de los terrenos y la falta de planes claros para su uso. En total, durante 2023 se dictaron 13 resoluciones relacionadas con la entrega de propiedades del Estado a sindicatos, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles delitos de fraude al Estado y la falta de controles adecuados antes de las cesiones.