La Justicia Federal ordenó el decomiso definitivo de terrenos en las Islas Turcas y Caicos, valuados en más de 30 millones de dólares, adquiridos mediante una red de lavado de dinero operada por Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner. Estas propiedades, parte de un esquema de blanqueo de fondos ilícitos en el extranjero, estaban destinadas a un proyecto hotelero de lujo.
Muñoz, fallecido en 2016, transfirió al menos 75 millones de dólares al exterior, utilizando testaferros y sociedades offshore para ocultar el origen ilícito del dinero. Entre sus inversiones, además de los terrenos caribeños, se incluían propiedades en Estados Unidos y 113 inmuebles en Argentina.
La Cámara Federal revirtió la decisión inicial del juez Julián Ercolini, quien había rechazado el decomiso de los terrenos por estar registrados bajo un fideicomiso. Según la Unidad de Información Financiera (UIF), liderada por Ignacio Yacobucci, esta estructura era parte de un esquema para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Conexiones con los Kirchner
Muñoz fue señalado como un engranaje clave en la maquinaria de acumulación y traslado de dinero ilícito del kirchnerismo. Testimonios judiciales, como el del exministro Juan Manuel Campillo, indican que los fondos blanqueados pertenecían a los expresidentes. Campillo reveló que en su lecho de muerte, Muñoz admitió que no quería dejar el dinero a su esposa y que correspondía a los «legítimos dueños», refiriéndose a los Kirchner.
La trama y sus implicados
El caso también involucra a la esposa de Muñoz, Carolina Pochetti; al empresario Carlos Gellert, quien confesó su rol en el esquema; y a otros colaboradores cercanos al matrimonio Kirchner, como el excontador presidencial Víctor Manzanares.
La estrategia de Muñoz incluyó la liquidación de inversiones en Estados Unidos tras el escándalo de los Panamá Papers y la redirección de los fondos hacia Turcas y Caicos, donde planeaba un proyecto valuado en 500 millones de dólares.
Impacto judicial y político
El fallo marca un hito en la recuperación de activos provenientes de la corrupción. Las propiedades decomisadas serán incorporadas al patrimonio estatal, reforzando el mensaje de que los bienes obtenidos ilícitamente no quedarán impunes.
Este caso ejemplifica cómo el poder político puede entrelazarse con actividades ilegales, subrayando la importancia de la transparencia en la gestión pública y la lucha constante contra la corrupción.
